‘Ingeniería’ contra la inflación

Octubre no ha sido muy caritativo: la electricidad subió de media casi un 63 por ciento respecto al mismo mes el pasado año, y los carburantes se han disparado. El diésel hasta un 30,5 por ciento y la gasolina un 26,5. Eso ha afectado a muchos productos y servicios, prácticamente a todos aquellos en los que el transporte es un componente del precio (que son casi todos). Por eso se ha disparado la inflación en octubre a su nivel más alto en tres décadas, hasta el 5,4 por ciento. No se trata de algo coyuntural, el coste de la vida lleva subiendo ininterrumpidamente desde hace ocho meses, y es ya el más alto desde 1992, cuando en este país se tiraban las campanas al vuelo con la celebración de las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla. Casi treinta años atrás, el coste de la vida se disparaba porque todo el mundo se lanzó a gastar como si no hubiera un mañana.

Ahora es más bien al revés: intentamos ahorrar siquiera un poco utilizando la calculadora de las horas punta y las horas valle, aunque al final hasta eso se ha demostrado un camelo. Los periodos horarios para la facturación del consumo eléctrico en los hogares de los más de diez millones de familias españolas acogidas al mercado regulado o Precio Voluntario de Pequeño Consumidor, que entraron en vigor el 21 de junio de este año, saltaron por los aires a partir de mediados de septiembre. Pocos medios se han hecho eco del asunto, pero los periodos punta, llanos y valle ya no coinciden con las horas más caras, las de precio intermedio o las baratas oficialmente establecidas. Poner la lavadora antes de acostarse o cocinar el domingo para toda la semana ya no resuelve el problema.

Y la reducción de impuestos que gravan el consumo eléctrico, que el Gobierno decretó como medida estrella, no parece haber ayudado mucho. La inflación está descontrolada. Y es una tendencia planetaria. En Estados Unidos, la inflación ha escalado al 6,2 por ciento, y en la Europa del euro un 4,1 por ciento. España se sitúa más cerca de la situación de yankilandia que de lo que ocurre en Europa, fundamentalmente porque España es uno de los países de la zona euro con mayor dependencia energética del exterior. Nuestro principal proveedor es Argelia, cuyo gaseoducto con España ha sido cortado por Marruecos en respuesta a la crisis entre los dos países. El Gobierno está tirando de barcos de transporte de gas, metaneros que disimulan la gravedad de una situación de desaprovisionamiento que –si no se resuelve la tensión prebélica en la que se han instalado nuestros vecinos magrebíes- puede llegar a provocar que el desabastecimiento energético afecte a las necesidades de electricidad de las navidades, definidas por el consumo de iluminación comercial y el frío.

Para poner las cosas en su sitio, la Comisión Europea asegura que la energía seguirá con los precios disparados en España hasta el segundo trimestre de 2022, y que la actualización anunciada de las pensiones provocará un nuevo empujón de la inflación. Una de cal y otra de arena, la Comisión cree que la dificultad para crear empleo en España contendrá los salarios, e impedirá una espiral de precios crecientes. En la Comisión son unos guasones: la buena noticia es que el paro evitará que la inflación se desmadre del todo. Los parados deben sentirse muy satisfechos de resultar útiles para algo.

¿Y que hace el Gobierno Sánchez? Pues aporta su ingeniosa creatividad: el INE ha copiado los métodos del CIS de Bolaños y ha anunciado que va a cambiar su sistema para medir la inflación. Resulta que el cálculo del IPC incluye en España sólo las tarifas eléctricas del mercado regulado, las que más se han disparados, y el INE ha decidido añadir a partir de enero las tarifas en las que se pacta con la compañía que suministra o comercializa el servicio, un pago fijo durante el año que dure el contrato. El nuevo sistema de cálculo reducirá así el índice oficial de inflación, no más allá de unas décimas, pero algo es algo. Así se lo curra el Gobierno: trabajan por nuestra felicidad.