Erre que erre

Al ministro Escrivá no hay quien le tuerza el brazo: sigue el hombre erre que erre, empeñado en defender que Canarias se convierta en el único territorio frontera de España con África. Lejos quedan las imágenes del Aquarius, el Dattilo y el Orione, llegando al puerto de Valencia, con todo el mundo esperando en el puerto para salir en la foto. Claro que ahora ya no se trata de vender humo propagandístico y bonitas postales solidarias, sino de evitar que miles de emigrantes africanos lleguen a territorio peninsular con la intención de alcanzar el sur de Francia lo más rápidamente posible. Europa ha endurecido su política sin molestarse siquiera en aprobar primero su nueva estrategia migratoria, aún pendiente de recibir las aportaciones de los estados miembros. Pero el mensaje parece meridianamente claro: no se va a permitir que nuevas oleadas de emigrantes, empujados por la guerra o el hambre, tomen una Europa cada día más asustada por su propia decadencia demográfica y más cerrada a compartir los restos del Estado de Bienestar con trabajadores del Sur. 

El fantasma de la reacción se ha instalado en muchos países europeos, la xenofobia ha despertado y recorre las naciones el continente, y la política de bajos vuelos amenaza con modificar los últimos veinte años de humanitarismo y decencia europea. La decisión de blindar las fronteras ante la llegada de miles de migrantes que huyen de la miseria del Sahara y el Sahel, se materializa en la voluntad decidida de los gobiernos de devolver a sus países de origen a cuantos se pueda. Es una política nueva, compartida hoy por la mayoría de los gobiernos, se definan progresistas, moderados o conservadores, y que el Gobierno Sánchez ha abrazado sin escrúpulo alguno, ahogando las expectativas de mejora vital de decenas de millares de personas en las mismas aguas donde naufragan y mueren muchos de ellos. Moncloa no sólo ha cambiado su discurso sobre la emigración, también ha cambiado su estrategia: ahora se destinan todos los esfuerzos a reforzar el estrecho, para reducir la presión de quienes controlan allí el tráfico, y derivar esa presión hacia las islas.

Es eso lo que explica que el tránsito de emigrantes se desvíe desde el norte de Marruecos a las zonas costeras del antiguo Sahara español, Mauritania y Senegal. un trayecto más peligroso que el del Mediterráneo, pero menos controlado. Porque entrar en Canarias no es entrar en Europa, es llegar a unas islas a 2.000 kilómetros de Europa, y desde las que es difícil salir sin autorización y logística policial. Cuando decimos que Canarias es hoy una prisión a cielo abierto (o siete), no se trata de algo simbólico. Somos de hecho una cárcel. Lo somos por decisión de las autoridades españolas, porque así lo perciben quienes llegan, son apresados y ven limitada su movilidad en contra de las propias leyes aprobadas por quienes hoy los retienen en las islas. Leyes a veces insensatas o incumplibles, acompañadas de decisiones buenistas e idiotas que llevaron a desmantelar los centros de acogida que existían, deficientes, sin duda, pero más adecuados que los toldos de Arguineguín, los hoteles o las carpas de lona levantadas a toda prisa en acuartelamientos militares. Pero a pesar de la escalada de tensión, la violencia y las peleas, a pesar de la organización de piquetes, de los videos de la vergüenza que pululan por las redes, el Gobierno insiste en mantener su política de encierro y contención, convirtiendo las islas en prisión

Toda esta improvisación, el abandono y la desidia, la desesperación de quienes creían haber llegado a puerto amigo en el primer salto de su viaje, han contribuido a provocar los estallidos de malestar, violencia y rabia, que hoy asustan a miles de vecinos de las islas, y son la mejor excusa para alimentar campañas xenófobas.

Pero a pesar de la escalada de tensión, la violencia y las peleas, a pesar de la organización de piquetes, de los videos de la vergüenza que pululan por las redes, el Gobierno insiste en mantener su política de encierro y contención, convirtiendo las islas en prisión. El ministro Escrivá reconoció ayer que quiere a más de 7.000 personas desahuciadas de sus ilusiones y esperanzas en los centros de acogida, y que abrirá más centros en el futuro. Y nos pide solidaridad. 

No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza.