Desde el Gobierno regional se vaticina que la recuperación llegará en verano, pero desde fuera nadie está seguro de ello
Ángel Víctor Torres se enfrenta a su primer debate sobre el Estado de la Cosa, un debate que lo que tiene es que siempre resulta todo bastante previsible: diga lo que diga el Gobierno a la oposición le parecerá todo un desastre. Y diga lo que diga la oposición, al final al Gobierno le entrara por el oído izquierdo y le saldrá por el derecho, o al revés. Lo cierto es que Torres se presenta al que es su primer debate estelar con una situación bastante complicada: la enfermedad se ha desbordado en las islas, y el ‘milagro canario’ del que el presidente presumía hasta hace muy poco con bastante ligereza ha dejado de ser tal milagro.
Canarias se encuentra hoy más o menos tan enferma como la media del país. El impacto de la tercera ola en las islas ha obligado a pasar a Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura a nivel 3, y aparcar las expectativas de recuperación turística en la Semana Santa. Y la situación no parece que vaya mejorar sustancialmente, a pesar de las restricciones. Torres ha dicho que no renuncia a que el 70 por ciento de la población de las islas este vacunada en el verano, pero no ha dicho por qué cree que eso puede llegar a ocurrir, si los actuales datos de vacunación son muy inferiores a lo que se preveía cuando se hicieron los cálculos.
Desde el Gobierno regional se vaticina ahora que la recuperación llegará en verano, pero fuera del Gobierno nadie está seguro de que vaya a suceder así: la presión de los empresarios y autónomos para que se materialice alguna de las ayudas prometidas es creciente y cada vez más bulliciosa. El lunes previo al debate del Estado de la Cosa, una marcha motorizada de empresarios turísticos del Sur de Tenerife colapsaron por la mañana la capital chicharrera, en una protesta tan irritante para los ciudadanos como perfectamente inútil.
El sábado anterior, una cadena humana convocada por colectivos de San Bartolomé de Tirajana había montado otra protesta en defensa del turismo, reclamando que los hoteles de las islas se reserven sólo para ese uso. Las protestas no resuelven el problema, pero ponen en evidencia que el Gobierno regional tampoco lo ha logrado: la crisis turística es la principal responsable de la paralización económica de las islas, responsable de que cada día cierran diez empresas en Canarias, y de que se hayan perdido ya más de cuatro mil empresas de todo tipo en el año que dura la pandemia. Cuando se decretó el estado de alarma, en Canarias había registradas en la Seguridad Social 61.602, frente a las 57.544 que hay ahora. Desaparecieron casi mil restaurantes y 700 comercios en las islas el pasado año. Una de cada diez empresas desaparecidas tiene tan sólo uno o dos trabajadores.
2020 será recordado como el año con los peores indicadores económicos registrados en Canarias desde que existe registro. El desplome de más del veinte por ciento del PIB regional sitúa al Archipiélago sólo por detrás de Baleares, cuya economía ha sufrido aún más. Los archipiélagos duplican la media española de pérdida de riqueza, como resultado de la extraordinaria dependencia del sector servicios, que en Canarias sufrió una caída cercana al 24 por ciento.
Únicamente la agricultura, con mejorías proporcionales constantes en todos los trimestres, fruto más de la caída del resto de los sectores que de su propia mejora en términos absolutos, se ha salvado de la quema de este ejercicio perdido. Industria, construcción y comercio han acumulado también grandes pérdidas. Aún así, confiando en la campaña de vacunación y una rápida recuperación del turismo, el Gobierno regional esperaba para 2021 una recuperación cercana al 17 por ciento, pero rebajó su optimismo en febrero, anunciando un crecimiento del PIB entre un 7 y un 12 por ciento.
Los datos de empleo son también terroríficos. La Encuesta de Población Activa de 2020 arroja los peores registros desde 2012: la pandemia destruyó 45.743 empleos en Canarias durante 2020 y ha dejado las cifras del paro en las islas en 269.437 personas, 122.906 hombres y 146.531 mujeres, de los que 22.600 tienen menos de 25 años, de acuerdo con los datos publicados por los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social. Canarias, con 112.800 parados más –y eso a pesar de los Ertes- es la región española que pierde en proporción a su población más empleo y -en términos netos- sólo es superada por Cataluña.
Aún así, es muy probable que Torres no sea juzgado en el debate parlamentario por los pésimos resultados económicos, de los que nadie le hace responsable, sino por el hecho de que a pesar de esos datos, y a pesar del desastre en la recaudación –casi 500 millones menos- el consejero de Hacienda cerró el ejercicio con un superavit de entre 160 y 180 millones de euros que el Gobierno no supo o no quiso gastar. Y quedaron sin ejecutar más de 440 millones de euros, de los que al menos 34,5 millones eran de ayudas y subvenciones a quienes más lo necesitaban…
Curiosamente, las dos críticas más duras a las que va a ser sometido Torres en el debate no son directamente responsabilidad suya. Una es el desplome de las expectativas creadas por Noemí Santana en la consejería de Derechos Sociales, probablemente la peor gestionada de todo el Gobierno, incluyendo incluso las de Sanidad y Educación, que obligaron a la sustitución de sus responsables en el momento más duro de la pandemia. Torres no se ha atrevido a cesar a Santana a pesar de los penosos datos que ofrece su gestión, porque Santana no está en el Gobierno a propuesta suya, sino de la propia Santana, cuando aún era secretaria general de Podemos en Canarias.
Torres se ha enfrentado con mayor o menor fortuna a varias crisis internas, siempre resueltas por la vía de poner en juego su peso como mandamás del PSOE canario, pero no ha querido resolver la situación de Derechos Sociales, una consejería bloqueada por la ineficiencia y el carácter indolente de su consejera y algún miembro de su equipo. La otra cuestión es el desastre sin paliativos que ha supuesto la gestión, por parte de la Delegación del Gobierno en Canarias, y de los ministerios implicados –Interior y Emigración- del fenómeno de la inmigración irregular. Es un problema del que su Gobierno no es ni de lejos responsable, pero que ha disparado las críticas a su presidencia más que ningún otro asunto.
Torres tiene perfectamente claro el impacto de la crisis migratoria en las islas, y sabe que debe reclamar mayor atención de las instancias europeas y nacionales a la situación en Canarias. Por eso, se ha movido –lo hizo en su conexión telemática con el Parlamento de Estrasburgo- en el rechazo de la redacción provisional del nuevo Pacto de Asilo y Migraciones que se prepara sobre la propuesta de la Comisión en septiembre del año pasado. Ni Canarias ni el Gobierno español han presentado todavía una redacción alternativa, pero Torres ha puesto el énfasis en su rechazo a una propuesta que no explicita ni cuantifica el papel de los países no fronterizos en la gestión de la crisis.
Torres no comparte la solución basada en el patrocinio voluntario de los acogimientos, que vendría a ser algo así como un apadrinamiento de emigrantes. Como muchos canarios, Torres cree que Europa ha diseñado un formato de solidaridad ‘a la carta’, que no obliga ni compromete a nada a los 27. El presidente defiende que el futuro Pacto recoja lo que calificó como “una solidaridad vinculante”, con cuotas de acogida obligatorias que deban cumplir todos los países de la Unión, y que eviten que Canarias o cualquier otro territorio fronterizo se convierta en una suerte de ‘tapón’ para contener la inmigración lejos del continente.
La única alternativa a repartir por el continente a los inmigrantes es el modelo actual de macrocentros de acogida –un eufemismo para no decir ‘campos de internamiento’-, para retener a los inmigrantes en las regiones fronterizas, atrapándolos en una situación que provocará dolor y frustración y puede derivar en conflictos y riesgo para la convivencia. La cuestión es que, en un contexto de rechazo europeo a las migraciones masivas, Bruselas entienda que Canarias no tiene vocación de convertirse en cárcel europea de la frontera sur. Y que eso lo entienda también Madrid. Porque si Madrid no respalda a Torres y a Canarias en este asunto (de momento no lo ha hecho), las palabras no van a servir de nada.
En este ambiente, y con una diputada menos apoyando a su Gobierno, Torres se enfrenta a su primer debate del Estado de la Nacionalidad. Lo ganará, porque los Gobiernos siempre ganan formalmente ese debate. Pero si no aclara que piensa hacer en los próximos meses, como va a resolver los problemas de esta región, también puede perder el apoyo de miles de canarios que esperaban de su Gobierno y del ‘Pacto de las flores’, algo más que palabras.