Cobrar en negro

Cotejando los datos de la Encuesta de Población Activa con los de la Seguridad Social, y restando a la cifra resultante el número de personas con más de un alta en el sistema -alrededor de un cuatro por ciento del total-pues resulta que unos 143.000 canarios cobran su trabajo en negro. Son por tanto un montón de gente, un 14 por ciento de la población activa en Canarias,  los que trabaja fuera de la ley, enfrentados a situaciones muy difíciles de gestionar. 

La primera es que -si hay 143.000 personas que cobran en negro, es porque habrá por lo menos 60.000 o 70.000 empleadores que pagan también en negro y que disponen -necesariamente- de recursos no regularizados, recursos que escapan al control de la contabilidad general de cualquier empresa, y proceden de actividades ilícitas, no reguladas o que -incluso siendo lícitas-, se convierten en ilegales al opacarse ante la ley. 70.000 o más empresas pagando dinero fuera de contabilidad parecen muy por encima de las que le caben a una economia como la nuestra, en la que pagar o cobrar más de mil euros sin pasar por el banco es también un delito. 

Personalmente, me resisto a creer que las leyes y normas creadas en estos últimos años precisamente con el objetivo de frenar la economía sumergida -especialmente las que obligan a que todas las transacciones superiores a mil euros se hagan a través de bancos- no solo no hayan logrado nada, sino que hayan convertido a decenas de miles de empleadores en delincuentes que se la juegan cada vez que tienen que hacer un pago. 

Disponer de dinero en negro no debiera ser tampoco una tarea fácil en una sociedad que persigue y penaliza a todo el que no dispone de una contabilidad rigurosa y contrastable. Tener dinero en negro significa gestionar los recursos empresariales con criterios arcaicos, sin contabilidad analítica y sin control efectivo de la comercialización. 

Para la mayoría de las empresas de tipo mediano pagar en negro -aunque reduzca los costes laborales- supone asumir una enorme cantidad de riesgos. Solo se hace si la alternativa es cerrar. 

Y al margen de otras dudas:  ¿cuánto hace falta para pagar en dinero opaco a 143.000 trabajadores?  Si aplicamos el baremo de que cada trabajador empleado irregularmente, sin cotizar a la Seguridad Social y sin retención de impuestos, cobre al menos el salario mínimo (habrá muchos que cobren más) estamos hablando de una cifra que superaría los 150 millones de euros mensuales, unos 1.800 millones de euros al año. Una cifra sin duda  abultada, pero que aún así está muy alejada de la que suele darse como válida para definir el montante total de la economía sumergida en el archipiélago, que vendría a suponer -según cálculos comúnmente aceptados- siete u ocho veces esa cantidad. 

Las incongruencias e incógnitas sobre este asunto son demasiadas como para dar por válidas las especulaciones, pero al menos hay un dato que parece absolutamente irrefutable: alrededor de 143.000 personas que declaran estar trabajando no cumplen compromiso alguno con la Hacienda Pública. Ni pagan impuestos, ni contribuyen en modo alguno a mantener el Estado de Bienestar. 

Es probable que la mayoría de ellos piensen que bastante tienen con sobrevivir con un salario que no les permite cubrir sus necesidades básicas, y que además se recibe sin ninguna de las garantías que protegen laboralmente a cualquier persona empleada correctamente, como mandan las leyes. 

Más: por cada persona que cobra en negro, tienen que existir una cadena de actividades que pueden abonarse en negro, que generen recursos en negro, y que puedan servir para pagar en negro los servicios prestados por el propio trabajador. Más allá de los cáncamos, el trabajo en el servicio doméstico -cada día más controlado por los propios empleados- o el mundo de las reparaciones y servicios clandestinos en alimentación, peluquería, turismo, clases particulares, cuidado de ancianos fuera de cobertura por dependencia… más allá de estas y otras similares actividades, solo permiten generar recursos no computables la restauración, el transporte privado, en menor medida el comercio, parte de la compra-venta de propiedades, el alquiler que no se declara… y pocas cosas más. Hoy la mayoría de las actividades económicas -todas aquellas en las que se puede solicitar factura- se controlan gracias al IGIC, y la inmensa mayoría de los intercambios económicos entre empresas se realizan por empresas y autónomos que repercuten IGIC en todas sus facturas, para descontarlo de las que a su vez han tenido que pagar. 

Por tanto, la pregunta fundamental que hay que hacerse cuando se habla de economía o de empleo en negro es… ¿de donde sale todo ese dinero que duplica la media nacional empleo irregular y alimenta y sostiene una economía que supone el 25 por ciento de la que existe en esta región? Si alguien es capaz de contentar a esa pregunta, tendrá también las claves para empezar a resolver el problema.