Al final, habrá que devolver

Dos de cada diez empresas de las islas –casi 35.000, la inmensa mayoría de ellas pymes o autónomos- tendrán que pagar a partir de abril los créditos ICO solicitados hace dos años, y tendrán que hacerlo, si no se produce una decisión en contrario del Gobierno Sánchez, sin que la recuperación haya  llegado a la economía canaria.

El 2021, saludado por las autoridades regionales como el año de la recuperación, no lo ha sido ni por asomo. Es cierto que en verano se pensó –lo creyeron al alimón políticos y operadores económicos- que la campaña turística de invierno supondría una sustancial mejora de la economía regional. Pero la expansión de ómicron se ha llevado por delante todas las expectativas. Los datos macro en las islas no se corresponden con las previsiones –la recaudación ha pinchado, como lo hizo el consumo- y las empresas que se endeudaron con créditos ICO avalados por el Gobierno central carecen de recursos para poder devolverlos. 28.000 empresas canarias que se apuntaron a la primera línea de créditos, destinada a garantizar la liquidez y el  circulante, tienen que devolver a los bancos más de 4.300 millones. Y hay otras 3.500 empresas que optaron por créditos para sostener sus inversiones, aunque luego destinaron los recursos a mantener la liquidez, y ahora deben devolver 525 millones a partir de abril.

Muchas de esas empresas –probablemente la mayoría- se enfrentan –si no se produce otra nueva prórroga- a su reconversión a empresas más pequeñas o a la ruina. Miles tendrán que cerrar, porque no van a poder devolver el dinero. Y lo absurdo del caso es que el destrozo que supondrá para el futuro económico de Canarias la pérdida de ese entramado empresarial, no va a servir para evitar al Gobierno el problema que ya tiene, hacer efectivos los avales de las empresas que no puedan devolver lo gastado. Estamos ante un asunto singularmente complejo, fruto de la política más querida por las administraciones, que es resolver mañana los problemas de hoy.

Supongamos que el Gobierno hace efectivos los avales, sin contrapartidas sobre el patrimonio de las empresas, para así evitar su quiebra: se producirá entonces una situación extraordinariamente injusta para las empresas que no pidieron créditos, o para las que los devuelvan. Las empresas que se descapitalicen cumpliendo sus compromisos crediticios competirán con otras –las incapaces de cumplirlos- sostenidas artificialmente con dinero de todos. Si alguien tenía alguna duda sobre lo que significa ser una empresa zombi, en unos meses podrá descubrirlo: las empresas artificialmente mantenidas por el Gobierno, competirán en situación de privilegio con las que hayan cumplido. Uno no entiende mucho de zombis, pero intuyo que es mejor ser un zombi bien alimentado que un ser humano exhausto y agotado, perfectamente devorable. Eso es exactamente lo que viene ocurriendo desde hace poco menos de un año, cuando la primera prórroga del Gobierno –de doce mees- vino a duplicar el tiempo para devolver el dinero, y miles de empresas se mantuvieron teóricamente en activo, gracias a esa prórroga. 

Yo no sé cómo se va a resolver este dislate: los créditos ICO fueron –junto a los ERTEs-, la medida más audaz del Gobierno para impedir la paralización económica. En realidad, lo que se ha logrado ha sido retrasar dos años la hecatombe. Ahora las asociaciones empresariales piden seis meses más, que probablemente obtengan. Porque el Gobierno no gana nada precipitando el cierre de miles de pymes y autónomos. Si cierran, también tendrá que cubrir los avales. Por eso, el Gobierno cederá, probablemente, forzando quitas de intereses con los bancos, y acabarán –lo más tarde posible- haciéndose cargo de una parte de los avales. Eso es lo que va a ocurrir. Pero el Gobierno no puede inventar dinero. Los recursos de que dispone proceden de los impuestos, o de hacer prestidigitación financiera: al final, la deuda pública crecerá más aún, y en algún momento habrá que pagar. Sólo me pregunto si saldrá de nuestros bolsillos, de los  de nuestros hijos, o de los de nuestros nietos.