El presidente Torres es partidario de “actualizar”, según ha dicho, “la Constitución Española al siglo XXI” y ha puesto como ejemplo de que eso puede hacerse la aprobación de la reforma del REF y del Estatuto de Autonomía en Canarias en 2018. Torres, que ayer asistió en Madrid al acto institucional del Día de la Constitución, declaró que las reformas del Estatuto y del REF se produjeron en medio de grandes dificultades pero finalmente ambos textos fueron aprobados con gran consenso. Entre las medidas que puso como ejemplo están el desaforamiento de los diputados del Parlamento de Canarias, vigente desde la entrada en vigor del Estatuto.
En realidad, lo que Torres ha dicho no significa gran cosa: uno no sabe muy bien que es lo que el presidente canario propone ‘actualizar’ en la Constitución –Torres se ha cuidado mucho de aclararlo-, y en ese sentido es difícil saber si la ‘actualización’ (que debe necesariamente realizarse en las Cortes y si es de calado ser sometida a referéndum ciudadano), tiene sentido o no. Uno esperaría del presidente del Gobierno de Canarias que aclare qué modelo de Constitución pretende con esa actualización. Es pertinente saber si Torres pretende que se cambie el sistema monárquico por el republicano, como reivindican hoy todos los socios del PSOE en el Gobierno nacional, por ejemplo. Pero también si es partidario de cambiar el título octavo de la Constitución, que define el funcionamiento del Estado de las Autonomías, y sí así fuera, en qué sentido. O si le parece conveniente mantener el Senado, o suprimirlo. O desaforar a los jueces, los diputados y los miembros del poder ejecutivo. ¿O sólo al poder legislativo?
Últimamente es frecuente escuchar declaraciones que no significan mucho. Ante una declaración sobre la necesidad de ‘actualizar’ la Constitución, sería pertinente y sensato plantear algunas preguntas: por ejemplo, qué es lo que se quiere actualizar, pero también cómo, con que apoyos políticos y cuando. Porque lo otro no es más que un brindis al sol.